Líderes de diferentes países debaten políticas para proteger a las comunidades afectadas en todo el mundo

por Camila Fróis / MAB, Rafael Zan / MAB

En la tarde del lunes 10, primer día oficial de la COP 30, mientras los líderes mundiales inauguraban la conferencia climática en medio de negociaciones con grandes corporaciones del sector agroindustrial y energético, el IV Encuentro Internacional de Personas Afectadas por Represas y la Crisis Climática reunió a representantes de comunidades que sufren los impactos directos de estas mismas empresas y que a menudo quedan excluidas de las mesas de negociación oficiales.

Promovado por el Movimiento de Afectados por Represas (MAR) y el Movimiento dos Atingidas por Barragens (MAB), el encuentro precede a la Cumbre de los Pueblos y busca fortalecer la articulación entre líderes de los cinco continentes que trabajan en defensa de los derechos de las personas afectadas.

Participación popular e justicia socioambiental

El panel contó con representantes de Brasil, Cuba, Colombia, México y Canadá. Al inicio del panel, la ministra Macaé Evaristo destacó la importancia de fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas que aborden las violaciones causadas por proyectos de gran envergadura. Recordó que el gobierno federal ha buscado ampliar los espacios de escucha y participación social, especialmente en casos de crímenes ambientales a gran escala, como el colapso de la represa Mariana (MG). Para la ministra, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones y los procesos de reparación es condición esencial para que se haga justicia.

“Esta reunión es muy importante para que podamos globalizar la lucha. Esto es fundamental. El gobierno brasileño ha estado activo, no solo monitoreando, por ejemplo, el acuerdo sobre el desastre de la represa Mariana, en el que el gobierno federal desempeñó un papel crucial. Tras el acuerdo, un aspecto esencial para nosotros es garantizar la participación popular. En este sentido, contamos con el Comité de Participación Popular, responsable de monitorear e implementar las recomendaciones del acuerdo”, afirmó la ministra.

Evaristo también recalcó que el debate sobre derechos humanos y empresas debe ocupar un lugar central en las agendas nacionales e internacionales, dado que los crímenes ambientales son frecuentemente cometidos por grandes corporaciones transnacionales. Subrayó que, ante un modelo económico que concentra el poder y las ganancias, es fundamental que los Estados construyan mecanismos de rendición de cuentas y que se escuche a las comunidades antes de la instalación de cualquier empresa.

“Hoy en día, con frecuencia trabajamos en reparaciones en casos muy graves de delitos ambientales, que podrían haberse evitado si se hubiera escuchado a las comunidades y si existieran mecanismos eficaces para controlar estas actividades. Este debate sobre derechos humanos y empresas es esencial, porque todavía no contamos, ni en Brasil ni en el seno de la ONU, con un marco consolidado sobre cómo prevenir estos delitos y cómo responsabilizar a todos los actores involucrados en la cadena de producción”, afirmó la ministra.

PNAB: un logro histórico para los afectados

En nombre del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Iury Paulino destacó el carácter histórico y colectivo de la Política Nacional para las Personas Afectadas por Represas (PNAB), aprobada en Brasil tras décadas de movilización popular. “La PNAB es el resultado de una historia de luchas, unión y esperanzas inquebrantables; una conquista de las personas afectadas que transformó el dolor en derechos y la resistencia en ley”, afirmó.

Para Paulino, la PNAB simboliza más que un instrumento legal: representa la consagración de la fuerza colectiva de un pueblo que resistió las promesas incumplidas y los silencios impuestos por el poder económico.

“La PNAB nació de la fuerza de las personas afectadas, quienes transformaron el sufrimiento en organización y la organización en victoria. Es un hito de dignidad y coraje colectivo que resuena en todo el mundo como símbolo de resistencia y solidaridad”.

Cuba y la experiencia de la Tarea Vida 

Juan Francisco Santos Estévez, director del Centro Memorial Martin Luther King, presentó la experiencia cubana en la protección de las comunidades frente a fenómenos meteorológicos extremos. Recordó que el país, frecuentemente afectado por huracanes, ciclones y el aumento del nivel del mar, desarrolló un plan nacional de adaptación conocido como Tarea Vida (Mission Vida), lanzado en 2017.

El programa estructura acciones para el reasentamiento de comunidades costeras vulnerables, la recuperación de manglares y ecosistemas, y fomenta el uso de soluciones basadas en la naturaleza.

“Cuba también cuenta con 700 grandes represas y más de mil pequeñas que generan impactos en la población. Pero lo que queremos destacar es cómo nos hemos organizado para proteger vidas, incluso en las tragedias más graves, con acciones construidas desde la participación ciudadana, y no desde las oficinas”, afirmó.

Además, el país ha fortalecido su sistema de Defensa Civil, que opera con alertas tempranas, movilización comunitaria y simulacros nacionales de preparación: un modelo de adaptación territorialmente integrado.

Colombia: El ejemplo de El Quimbo y los caminos hacia la reparación

Tatiana Roa Avendaño, viceministra de Planificación Territorial Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, destacó en su discurso los impactos sociales y ambientales causados ​​por los grandes proyectos hidroeléctricos:

“Las represas significaron desalojos, desplazamientos, muerte, pérdida de ríos y culturas, y esto no puede seguir idealizándose bajo el discurso del desarrollo y la energía limpia”.

“Ustedes, en sus territorios, experimentaron lo que significó la construcción de estas megarepresas. El Estado, con su modelo de desarrollo, le falló a las comunidades. Por lo tanto, abrimos canales de diálogo reales, no para legitimar decisiones ya tomadas, sino para construir caminos colectivamente. En el caso de la represa El Quimbo, llegamos a un acuerdo en cinco puntos, incluyendo el reconocimiento del derecho de las comunidades a sus tierras. Todo lo que logramos en esta mesa de diálogo se inspiró en la política de Brasil para las comunidades afectadas”, concluyó la viceministra.

El caso de la represa El Quimbo, en el departamento de Huila (sur de Colombia), es uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del país. La central hidroeléctrica, construida por la empresa Enel-Emgesa e inaugurada en 2015, provocó el desplazamiento de cientos de familias campesinas, la pérdida de tierras productivas y graves impactos en el río Magdalena. Tras años de movilización, las comunidades afectadas lograron entablar un diálogo con el gobierno colombiano, lo que derivó en acuerdos de reparación y el reconocimiento de sus derechos territoriales.

La lucha contra la pobreza energética en España

Dominga Lorenzo, de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en España, afirmó que la pobreza energética es una realidad para cerca del 17% de la población, que a menudo sufre cortes de luz y tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante los meses más fríos y para pagar sus facturas de luz, gas o agua. “Muchos hogares se ven obligados a elegir entre pagar la hipoteca, las facturas o garantizar una alimentación adecuada”, declaró. Según ella, las consecuencias para la salud física y mental son profundas y diversas. Mientras tanto, los grandes conglomerados energéticos aumentan sus beneficios año tras año.

Por ella, la iniciativa de la que forma parte luchó por la aprobación de una ley que garantizara la reducción de los recortes de servicios. “El trabajo de APE ha consistido en presionar a las administraciones públicas y a las empresas para que apliquen la ley en beneficio de las personas más vulnerables. En 2021, se logró la condonación de deudas para más de 40 000 familias. Trabajamos para asegurar que otras empresas también condonen deudas y que, en todo el mundo, independientemente de la situación de vivienda de cada persona, se garantice el derecho a los servicios básicos”, afirmó.

¿Cómo se abordará la agenda climática en el futuro?

Para clausurar el panel, Guilherme Franco, investigador de Fiocruz, destacó que la COP 30 en Belém representa un debate crucial sobre el significado de la agenda climática.

“La COP de Belém plantea una disputa fundamental: decidir si la agenda climática se tratará como una agenda meramente económica y tecnológica o como una agenda verdaderamente política. Vivimos en un momento en el que ni siquiera la ciencia puede explicar completamente la magnitud de los eventos extremos que presenciamos”, afirmó.

Para Franco, es necesario construir una ciencia comprometida y participativa, capaz de dialogar con los territorios y las poblaciones más afectadas por la crisis climática. “La sociedad necesita construir sus propios caminos en articulación con la ciencia, una ciencia que se posicione y actúe junto a quienes más sufren”.

Leandro Scalabrin, abogado popular del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), destacó la importancia de convertir la experiencia brasileña en un compromiso global. “Necesitamos leyes que reconozcan a las personas afectadas y que exijan responsabilidades a las empresas por sus violaciones. Ojalá cada país impulse estos compromisos con valentía y esperanza. Brasil ha demostrado que es posible transformar el dolor en derechos y la resistencia en políticas públicas”.

Para concluir, los líderes reafirmaron la importancia de internacionalizar la lucha de las personas afectadas y garantizar que las políticas públicas incorporen la voz de las comunidades en la formulación de respuestas a la crisis climática. El mensaje fue claro: sin participación popular, no hay transición justa ni justicia climática posible.